Justicia Social después Caridad

Moviliza ha adoptado para este año a la acción deliberativa como el elemento esencial para aportar a la construcción de una sociedad justa y solidaria. La solo práctica y ejecución de programas no parece ser suficiente para superar la desigualdad, sino que la acción deliberativa entre la sociedad y el estado permitirían la formulación y ejecución de una política adecuada para las personas en situación de calle. Este ha sido el método empleado y el que seguirá empleándose a futuro; de la acción a la formulación de políticas públicas y sociales.

Esta vía para la construcción de una sociedad «buena», contienen varios supuestos o condiciones intermedias para el éxito. Lo que expondré es un análisis mirando nuestra experiencia.

i. La comunicación de los intereses y de las culturas organizacionales es una base para el inicio de la colaboración, como del establecimiento de relaciones de confianza. Ahora, el problema de esto es que las distintas organizaciones no tendrían porque conocer las relaciones internas de las otras. Aunque logren observarse a sí misma, los desconocimientos de las lógicas operativas del otro atentan contra la continuidad de la deliberación. Un ejemplo de esto es que el financiamiento del programa se basa en las coberturas de los ejecutores -porque el ministerio de Hacienda así lo determina-, que a la vez es medido como indicador de éxito del programa; paralelamente las ONGs ven que las realidades sociales son más complejas que los indicadores centrales presuponen; la puesta en común de las lógicas se dan al momento de comunicarlas y de resignificarlas en las operaciones propias de la organización. con tal de consensuar los parámetros con que se va a medir las iniciativas; por ejemplo, que la sociedad civil incorpore en su funcionamiento y en su cultura organizacional la necesidad de cumplir con la cobertura, es tan necesario como que el Estado entienda que los procesos sociales no son tan expeditos.

ii. La participación de los afectados de las políticas públicas, en especial de los más pobres, es condición para la construcción de un marco ético-normativo. La formalización de una política nacional que promueva la equidad y la justicia, tiene como ideario la participación de toda la sociedad civil, en especial de los afectados de la acción de una política. El desafío entonces es descentrar la comunicación para dejar abierta la participación deliberativa a la sociedad civil no instruida en procesos, objetivos o indicadores. Democratizar la comunicación -que implica subsanar la asimetría de poder- para liberalizar la participación ciudadana es fundamental a la hora de construir una nueva política.

iii. Quizás sea necesario plantearse lo que queremos lograr con nuestra acción, o tal vez formular una pregunta algo más radical ¿En qué sociedad queremos vivir? La construcción de una sociedad justa y solidaria, puede implicar un retorno a las bases que sustentan una política social, es decir, revisar como comunidad las orientaciones que la están guiando, que en palabras de los entendidos significa «replantearse el ideario normativo (Pablo Salvat) desde un giro ético para una nueva política». Quizás abordando una visión rupturista podremos ver a las políticas como una fuente inagotable de justicia y equidad.

Como estamos hablando de colaboración entre el Estado y la sociedad civil, podemos prever algunas situaciones que organizacionalmente puedan dificultar este proceso. Desde el Estado:

i. La Red Calle se ha enfrentado siempre con un gran problema. Las voluntades políticas no trascienden si no están instaladas en las organizaciones, tanto en aspectos culturales como técnicos. En caso contrario, los cambios de gobierno significan un retroceso, pues las voluntades de ministros o trabajadores se pierden en cambios de gabinetes.

ii. Cuando se estableció nuestra mesa de deliberación, de le denominó como Mesa Técnica Nacional. La utilización de la palabra técnica condiciona totalmente los niveles de comunicación. Cuando la deliberación política está construida solo con aspectos técnicos, entonces se comunican hacia el resto también bajo condiciones técnicas, evitando que participen aquellos actores que no utilicen una comunicación meramente descriptiva.

iii. Desde los albores de la concertación ha existido una centralización de la política pública, concentrando los esfuerzos en la planificación, ejecución y evaluación de las políticas en decisiones técnicas de una base central, dejando pocos espacios de participación a otros actores sociales -o la ciudadanía común- en especial de aquellos que son afectos de las decisiones centralizadas.

iv. Dicho lo anterior, es pertinente preguntarse si la estructura organizacional de los ministerios o de los gobiernos locales están en condiciones para absorber la demanda de participación y de decisión y si tienen la adapatabilidad para transformar la participación en procesos organizaciones que retroalimenten su funcionamiento general. Es clave que las estructuras puedan modernizarse para adaptar sus procedimientos no solo a mesas de técnicas, sino a mesas deliberativas, donde todo tipo lógicas comunicativas operen democráticamente.

La posición de las ONGs en este marco es débil y volátil:

i. Primero porque muchas de ellas están en contaste precariedad económica y aquellas que son financiadas por el Estado están en constante riesgo de mercantilizar su acción; quedando solo la posibilidad de situarse en una neutralidad anodina entre los más pobres y el Estado.

ii. Segundo, muchas de las ONGs más poderosas del país, están limitadas en su comunicación por los donadores o socios cooperadores que financian sus obras, evitando el desafió de reinventar y participar en la formación de una nuevo marco político. Vaya que es difícil criticar la pasividad de la ciudadanía cuando es esta la que financia mis actividades.

iii. Tercero. Una opción muy recurrente para algunas ONGs es la participación en fondos concursables del Estado. Vemos que participan de las licitaciones de los 200 barrios del ministerio de Vivienda, en los Barrios seguros del Ministerio del interior o en consultorías más específicas como evaluación de proyectos, líneas de base, etc. Sin querer juzgar el propósito, quiero relevar nuevamente las dificultades de las ONGs para encontrar financiamiento estable, las que las lleva a convertirse en consultoras sin fines de lucro. Sin ir más lejos tenemos al Observatorio Social de la Universidad Alberto Hurtado que trabaja en una modalidad similar a una exitosa consultora del Estado; lo que podría limitar su acción política.

iv. La imagen sobre pobreza mostrada por las ONGs pueden tener consecuencias negativas para los mismos pobres. Mostrar a personas sin recursos -y con esto me refiero a activos sociales presentes en la misma población- puede traer no solo efectos negativos como la estigmatización o la inacción de las bases sociales, sino que puede provocar que la ciudadanía en general solo se vincule a la pobreza por medio de donaciones esporádicas, más que de un compromiso real por solucionar las situación que generan la desigualdad y la injusticia.

Como podemos ver, las recetas para aportar a la construcción de una sociedad decente están llenas de desafíos. Nuestra apuesta es aportar en la construcción de una sociedad igualitaria, lo que requiere plantearse el cómo vivir juntos en sociedad, o si queremos vivir como iguales. El cómo proceder a estos resultados responden a las inquietudes y a la acción de la sociedad civil, sea organizándose en redes supraorganizacionales u otro tipo de organización, o individualmente, pero siempre bajo la premisa de la colaboración, la participación ciudadana y de la reformulación de las prácticas para el quehacer política.
Quizás abordando estas consideraciones podremos empezar a pensar, colaborativamente, sobre un nuevo marco normativo que rija nuestra sociedad y que vele por el desarrollo integral de la ciudadanía. Con esto no quiero decir que solo hay que velar por una ciudadanía social para algunos, sino por un contrato que vele por el bienestar y el desarrollo de todos, sean pobres o no.

*** Extracto de una ponencia sobre Desigualdad y Equidad en el marco de un Panel para alumnos extranjeros de la Universidad Alberto Hurtado.